Después del acuerdo

Luis Larraín

El acuerdo que llevó a los senadores de Renovación Nacional y la UDI a votar a favor de la idea de legislar en la Reforma Tributaria entra ahora en su etapa de implementación. No deja de preocupar que, con posterioridad al acuerdo, presionadas por las críticas que han recibido del Partido Comunista, al interior de la Nueva Mayoría surjan voces que pretenden “tironear” el acuerdo hacia la izquierda, para lograr en la fase de redacción de la indicación legal lo que no lograron en la negociación.

La economista Andrea Repetto ha estado en esa línea al señalar que hay que preocuparse de cerrar espacios de elusión y que “el acuerdo introduce riesgos que hay que acotar en la redacción final de la ley”. También debe precisar la economista qué quiso decir cuando señala que “es importante que se fomente la reinversión en empresas productivas, no en cualquier instrumento, justamente porque ello puede no generar ahorro nuevo, pero sí promover la elusión”. Además de una explicación económica de lo que es “reinversión en empresas productivas”, ella debiera aclarar si pretende que se establezcan restricciones a la reinversión de utilidades. Cabe señalar al respecto que en la negociación no se acordó restricción alguna en materia de reinversión de utilidades para la modalidad de desintegración parcial.

Pero más que la opinión de una economista, que por muy respetable que sea no participó del acuerdo, preocupa que algunos de los protagonistas de éste, en particular el senador Ricardo Lagos Weber, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, deje espacio a esa posibilidad. ¿Qué quiere decir Lagos Weber cuando dice que “hay que regular el régimen actual de reinversión de utilidades para ver si son del mismo giro”? Eso no es parte del acuerdo.

Son muchos los aspectos de detalle del protocolo que deben precisarse y este es un proceso delicado que requiere absoluta buena fe. Intentar en la redacción de los textos ir más allá de lo que verdaderamente se acordó es una mala práctica pues ella hace imposible que se generen las confianzas que son fundamentales para alcanzar cualquier acuerdo.

En el supuesto que el proceso legislativo sea fluido y tengamos finalmente una ley tributaria que refleje con precisión los contenidos del acuerdo alcanzado la semana pasada, los desafíos económicos y políticos para el país no son menores. En lo económico, Chile deberá lidiar con el hecho que una de sus ventajas competitivas -tasas de impuestos bajas y estructura tributaria que promueve el ahorro- ha sido parcialmente desmantelada. Nuestras tasas de impuestos, corporativas y totales pasan a estar por sobre el promedio de la OCDE, en circunstancias que nuestro PIB por habitante es uno de los tres más bajos de ese club de más de treinta países. El camino del crecimiento se pone entonces cuesta arriba.

En lo personal me preocupan dos puntos adicionales. El primero es la facilidad con que se aceptó por parte de la mayoría que Chile necesitaba una reforma tributaria para recaudar tres puntos del PIB adicionales. Por supuesto esta reforma no crea riqueza, sólo retira del circuito productivo esos 
US$ 8.200 millones y se los traspasa al Estado. La promesa de los políticos oficialistas es que esos recursos servirán para disminuir la desigualdad y aumentar la productividad de los chilenos vía mayor educación. Pero tenemos la evidencia que los proyectos presentados con ese supuesto fin son muy malos y no mejorarán la calidad de la educación.

La segunda preocupación es constatar que algunos conciben la acción política de la centroderecha en estos temas como una mera defensa de intereses corporativos. Superada o atenuada en opinión de los afectados la amenaza que significaba el alza de impuestos, no habría ya razón para oponerse. Craso error. La defensa de impuestos bajos no debe limitarse a cuidar intereses sino tiene su fundamento en la creencia que no es en el Estado donde deben administrarse los recursos producidos por las personas. Son ellas las que deben disponer de éstos y ese es uno de los fundamentos de la libertad.